Este decreto dicta un nuevo reglamento sobre estándares de seguridad privada en Chile. Establece nuevos requisitos y medidas para empresas y personal de seguridad privada con el objetivo de mejorar la seguridad pública. Además, faculta a Carabineros para fiscalizar el cumplimiento de los nuevos estándares y dictar un manual operativo sobre seguridad privada en el plazo de un año.